Hace aproximadamente dos meses, en
este blog, hice referencia a la Ley de Transparencia anunciada por el
Ejecutivo de Mariano Rajoy. Hoy recuerdo aquella entrada porque tras
llevar meses, y más, sin comparecer antes los medios de comunicación, el
presidente del Gobierno aparece en un vídeo de youtube. Su contenido se
queda, sin duda alguna, en un segundo plano, aunque se centra,
precisamente, en la tranparencia. En aquella entrada publicada el 27 de marzo comentaba las dificultades para aplicar la mencionada normativa
debido a nuestra mentalidad. Un primer ejemplo, este vídeo de Rajoy que
hace público tras no dar explicaciones al público y sin permitir
comentarios del público.
El siguiente episodio lo protagonizó la vicepresidenta quien en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, alabó la nueva normativa en materia de transparencia pero dejando una sensación de cierto vacío de contenidos, sobre todo en lo que al silencio de la administración se refiere.
Lo dicho, todo un ejemplo de lo que no debe ser la transparencia, es decir, nada nuevo en el horizonte patrio.
El siguiente episodio lo protagonizó la vicepresidenta quien en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, alabó la nueva normativa en materia de transparencia pero dejando una sensación de cierto vacío de contenidos, sobre todo en lo que al silencio de la administración se refiere.
Lo dicho, todo un ejemplo de lo que no debe ser la transparencia, es decir, nada nuevo en el horizonte patrio.
¿Una Ley de Transparencia en el país del Lazarillo de Tormes? (Publicado el 27 de marzo de 2012)
No entiendo cómo es posible que todos, o casi todos, nos ilusionemos tanto ante el anuncio realizado por la vicepresidenta del Gobierno de la denominada ya Ley de Transparencia. Que no digo yo que no sea necesaria. Sin embargo me surgen una serie de dudas no sobre su idoneidad, sino acerca de sus posibilidades de aplicación en un país como el nuestro.
No entiendo cómo es posible que todos, o casi todos, nos ilusionemos tanto ante el anuncio realizado por la vicepresidenta del Gobierno de la denominada ya Ley de Transparencia. Que no digo yo que no sea necesaria. Sin embargo me surgen una serie de dudas no sobre su idoneidad, sino acerca de sus posibilidades de aplicación en un país como el nuestro.
Este anuncio me suena a seguir preparando el camino
para lo que viene. La clave es ¿estamos listos, y los políticos de este país, para someterse al mandato de dicha ley?. Respuesta:
sinceramente creo que no.
Para que una normativa de este calado se aplicase
con todas las consecuencias en primer lugar habría que modificar la mentalidad
española. ¿Por qué?. Este es el país de la picaresca, y no es un tópico. El
país del Lazarillo de Tormes, cuyas andanzas tenían un fin justificado en un
momento concreto pero que muchos representantes de la res publica han adoptado
y adaptado a los tiempos actuales.
Desde mi punto de vista, a la hora de analizar la
ley, más allá de loables intenciones, que no las niego aunque las sitúo en
paralelo a un afán de protagonismo y cierta demagogia o populismo, se debe
partir de una voluntad real de aplicación. Siempre pongo el mismo ejemplo, y que no se
entienda como una autocrítica, o sí, me da igual, porque este país también ha
dado grandes nombres en todos los campos de la vida que se han caracterizado
por su honradez y mentalidad abierta y avanzada (también desde el punto de
vista ideológico). El ejemplo que siempre me planteo es: ¿Si en España
existiera el dispensador de periódicos que hay en otros países, qué pasaría?.
Que en primer lugar alguien se llevaría los periódicos, para qué; no se sabe,
pero se los llevaría. Después de que el dispensador estuviera vacío, otro
‘rapiñaría’ el dinero de algún ‘desalmado’ que se atrevió a pagar por el diario
en cuestión. Por último, el propio dispensador sería introducido en una
furgoneta para llevarlo a una chatarrería y sacar por él unos duros, perdón,
euros.
Esto trasladado al campo de la política, digo la
ley, no el dispensador (aunque también hay similitudes), me ofrece pocas
conclusiones positivas. No obstante, hay un aspecto de la normativa que sí creo
que podrá aplicarse: lo de los sueldos de los políticos. ¿Cómo es posible que
un pueblo con 600 habitantes tenga un alcalde que quiere ganar 56.000 euros?.
Esto es de juzgado de guardia.
¿Por qué entonces no se podrá hacer efectiva la ley? Considero que en el
momento en que le toque (del verbo salpicar) a algún responsable político del
partido que gobierne (da igual ahora que en otro momento), enseguida se
demorará su aplicación buscando no sé qué triquiñuelas legales. Conclusión.
Para que fuera efectiva una ley de estas características (insisto, muy
necesaria), primero tendríamos que hacernos un lavado neuronal completo como
país y, a continuación, esperar que las nuevas generaciones tengan su mente más
europeízada.
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