Desde hace años los ayuntamientos de este país vienen reclamando una nueva ley de financianción de las administraciones locales. Lo han repetido consistorios de diverso tamaño y color político. El objetivo fundamental que persigue esa reivindicación tiene que ver con la supervivencia de miles de municipios repartidos por todo el Estado. Como siempre, el dinero es el que manda y las administraciones "más próximas al ciudadano", tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han visto como sus fuentes de ingresos se han ido al garete. Sin embargo, hay que señalar en su descargo que esas mismas intituciones llevan reclamando una modificación de la normativa en cuestión desde antes, durante y, por supuesto, lo seguirán haciendo después de esta crisis económica. Durante años, los ayuntamientos han sido los encargados de ofrecer y pagar servicios a sus vecinos cuya compentencia correspondía y corresponde a las Comunidades Autónomas. Hay que subrayar que muchas de esas actividades están relacionadas con servicios sociales (teleasistencia, por ejemplo). Estas partidas han supuesto una merma para las cuentas públicas municipales ante la que las instancias superiores siempre han mirado hacia otro lado.
La nueva normativa de la que este viernes el Gobierno dio a conocer algunos detalles, aunque en ocasiones imprecisos por parte del ministro, Cristóbal Montoro, deja de nuevo en el aire, a falta de disponer de más datos, ese problema de las 'competencias impropias' al tiempo que confirma lo que ya se venía hablando desde hace unos días, es decir, el aumento de poder de las diputaciones provinciales.
Evidentemente el tema económico no es el único, pero da la impresión de que el anteproyecto de ley no resuelve éste ni otros asuntos en profundidad, antes al contrario porque en algunos casos parece que viene a complicarlos todavía más o a dificultar aquellos que algunas fórmulas, como las de las mancomunidades, estaban ofreciendo resultados nada despreciables.
Me quedo con el fortalecimiento de las diputaciones provinciales, instituciones que en regiones gobernadas durante décadas por una misma formación, se han convertido en verdedares reinos absolutos (De diputaciones, nepotismo y otras leyendas urbanas) en los que esos mismos partidos han echado raíces de generación en generación. Si la idea es mejorar la economía, tal y como están definidas y actúan estas entidades, la solución que plantea el Ejecutivo es descabellada; si, por el contrario, el objetivo es 'fiscalizar' lo que se hace en cada Comunidad Autónoma desde un punto de vista político insano, entonces esta primera piedra es más que acertada.
Se da la circunstancia de que desde que la democracia llegó a este país, para algunos parece que por arte de magia, las diputaciones provinciales han ido consolidando la fama despectiva ganada durante décadas y que, en la actualidad conservan. Con los cambios que propone el Gobierno se multiplicará por mucho. Decepciona una vez más Mariano Rajoy (no olvidemos que él también fue presidente de una Diputación, la de Pontevedra) y lo hace 'vendiendo' una reforma de la administración local pero desde una posición propia de otras épocas nada recomendables. Las artes que se utilizan desde estas instituciones ha generado no pocas noticias relacionadas siempre con corrupción, nepotismo y prácticas poco sanas. Sin ir más lejos, sólo en los últimos meses cuestiones relacionadas con las de Ourense y Castellón se encuentran ahora mismo en fase judicial.
El reproche a Rajoy también es extensible a Rubalcaba porque su apuesta decidida por su examen para extraer las conclusiones necesarias para modificar el régimen que las sustenta, no era tan decidida; lo planteó en una campaña electoral en la que se sabía perdedor pero sin hacer nada en los 8 años anteriores en La Moncloa. Las presiones de los barones regionales es muy fuerte; no obstante, los líderes de los grandes partidos no son conscientes de que una decisión contundente acerca de las diputaciones conllevaría la eliminación de ese papel de seudo embajadas que representan para los barones autonómicos.
Al final resulta que el Gobierno resta poder a la soberanía popular, al voto ciudadano, mediante la descomposición de un poder, el municipal, para otorgárselo a las diputaciones, cuya constitución depende del voto político. Otro paso para que la confianza de los españoles hacia sus representantes públicos descienda todavía más. Por cierto ¿qué pasará en las CCAA sin diputaciones? ¿volveremos a ver la Diputación de Madrid? Otro cementerio de elefantes.
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