La publicación hoy de los supuestos movimientos a nivel contable en el PP por parte del diario El País y que documenta la información de hace unos días de El Mundo (algunos de sus responsables, con aquello de esperar han dejado escapar una gran oportunidad informativa, aunque ellos sabrán los motivos), pone sin duda alguna en el disparadero al presidente del Gobierno.
No puede Mariano Rajoy hurtar a la ciudadanía el derecho que le asiste para conocer las explicaciones oportunas acerca de lo que señalan los medios de comunicación. El político pontevedrés tiene la obligación de ofrecer todas las aclaraciones necesarias porque si continúa con la actitud del silencio, postura que ha mantenido hasta ahora, pondrá en entredicho a su actual Ejecutivo y, por ende, a todo el sistema democrático.
No sirve en esta ocasión la callada por respuesta, esperar el desarrollo de los acontecimientos como ha optado Rajoy en cuestiones relacionadas con la economía. Ahora mismo debe salir a la palestra para no dejar tocada de muerte a una organización como la del Partido Popular, lo que significaría también poner una bomba de relojería en el Parlamento.
En otros países, por situaciones de menor calado, los responsables públicos han planteado sus argumentos ante sus nacionales. Mariano Rajoy no puede hacer menos. En breve, en próximos días, veremos más datos, documentos y declaraciones sobre este asunto que podrían arrinconar aún más a determinados dirigentes políticos. Desde instancias internacionales se sucederán las reclamaciones de transparencia real (el embajador de EEUU ya lo ha hecho) como base para erradicar la corrupción. Esto sí que daña la manida Marca España.
Desde luego, de lo que no hay dudas es que los documentos publicados llegan a los medios de comunicación a través de una 'garganta profunda' situada en la propia calle Génova. Lo más deleznable de todo esto es que las filtraciones persiguen minar a los actuales dirigentes para ganar cuotas de poder dentro del partido. Esto es España. Nada de denunciar los casos de corrupción desde el interior de una formación política para poner fin a esas prácticas, para acabar con la ilegalidad. Todo responde a luchas intestinas que persiguen únicamente intereses particulares.
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