Después de dos
días de comparecencias, con varios responsables de las empresas públicas
implicadas y la propia ministra, centradas en el accidente de Santiago la
conclusión que se puede extraer es que no han servido para nada. Las veinte
propuestas de la titular de Fomento, Ana Pastor, tendrán una aplicación futura
(si no se pierden en algún cajón) pero dejan demasiados claroscuros sobre las
causas del siniestro del día 24.
Quienes tienen
la obligación de ofrecer las explicaciones oportunas se dedicaron a aludir al Gobierno
anterior en materia de seguridad. A los reproches del PP acerca de posibles
cambios introducidos en la red viaria en cuestión para acelerar su inauguración
y puesta en marcha, le siguieron las excusas del responsable de Fomento del
PSOE, Rafael Simancas. Y tras muchos años (legislaturas de Zapatero y la actual
de Rajoy) populares y socialistas por fin lograron ponerse de acuerdo en algo:
la culpa además de corresponder al maquinista, también le toca a los técnicos
de la empresa pública.
Si se confirman
las pesquisas judiciales pudo haber cierta negligencia por parte del
maquinista, a quien ya se ha condenado, por cierto, en algunos medios de comunicación.
No obstante, tampoco se puede obviar la existencia de una responsabilidad
política, expresión casi desconocida en nuestro país, que debería recaer sobre
quienes ostentaban la titularidad del ministerio en tiempos de ZP, si se
demuestra que las prisas por cortar la cinta de inauguración pesaron más que
materias nada baladíes como la seguridad. Del mismo modo, a los actuales
inquilinos de Fomento les apunta otro grado destacado de responsabilidad, no en
vano ocupan sus puestos en dicho departamento desde hace más de un año y medio.
Es este tiempo suficiente para haber atendido a las reclamaciones y avisos de
los profesionales a propósito de las dificultades que entraña la maldita curva
de Angrois, así como otros puntos negros de la geografía ferroviaria
española.
Lo más curioso
de todo es que, a pesar de que desde Fomento, sobre todo a través de los
presidentes y directores generales de ADIF y Renfe, se vierte toda la culpa
sobre el conductor de fatídico tren Alvia, también se anuncian una serie de acciones para mejorar la seguridad. La veintena de medidas suponen una
contradicción con los argumentarios utilizados por los responsables políticos
porque la cuestión que surge inmediatamente es ¿Hacía o no hacía falta
adoptarlas con anterioridad a la tragedia? Asimismo, una vez más se poner el
foco acusador sobre el maquinista al incluir entre dichas providencias la de
endurecer el acceso a dicho puesto o la de instalar un sistema de manos libres
para las comunicaciones.
En España nadie
rectifica, nadie pide perdón aunque el pesar alcance a 79 familias ¿Pero qué
nos extraña de un país donde un diputado responsabiliza a los padres de la
desnutrición infantil, o un alcalde asegura que los fusilados por el dictador Franco poco menos que se lo merecían? A quienes han perdido a sus seres
queridos, o los tienen mal heridos en algún hospital una disculpa, el reconocer
el error por poca diligencia en la fiscalización de los protocolos de
seguridad, no les va a devolver a sus hijos, madres, sobrinos o nietos, pero
les reconfortaría saber que sus representantes públicos son capaces de entonar
un 'mea culpa', fundamental en una sociedad mínimamente humana.
En los últimos
tiempos ¿quién ha pedido disculpas por sus hechos? Nadie... Aunque pensándolo
bien tengo que reconocer mi error y rectificar. Hay dos personas que sí han
tenido el arrojo de disculparse: El Rey Juan Carlos, por su cacería africana, y
Mariano Rajoy, por sus amistades peligrosas ¡Manda carallo!

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