¿Una Ley de Transparencia en el país del Lazarillo de Tormes?

No entiendo cómo es posible que todos, o casi todos, nos ilusionemos tanto ante el anuncio realizado por la vicepresidenta del Gobierno de la que se denomina ya Ley de Transparencia. Que no digo yo que no sea necesaria. Sin embargo me surgen una serie de dudas no sobre su idoneidad, sino acerca de su posibilidad de aplicación en un país como el nuestro.

Este anuncio me suena a seguir preparando el camino para lo que viene. La clave es ¿estamos preparados, están preparados los políticos de este país para someterse al mandato de dicha ley?. Respuesta: sinceramente creo que no.

Para que una normativa de este calado se aplicase con todas las consecuencias en primer lugar habría que modificar la mentalidad española. ¿Por qué?. Este es el país de la picaresca, y no es un tópico. El país del Lazarillo de Tormes, cuyas andanzas tenían un fin justificado en un momento concreto pero que muchos representantes de la res publica han adoptado y adaptado a los tiempos actuales.

Desde mi punto de vista, a la hora de analizar la ley, más allá de loables intenciones, que no las niego aunque las sitúo en paralelo a un afán de protagonismo y cierta demagogia o populismo, se debe partir de la voluntad para hacerlo. Siempre pongo el mismo ejemplo, y que no se entienda como una autocrítica, o sí, me da igual, porque este país también ha dado grandes nombres en todos los campos de la vida que se han caracterizado por su honradez y mentalidad abierta y avanzada (también desde el punto de vista ideológico). El ejemplo que siempre me planteo es: ¿Si en España existiera el dispensador de periódicos que hay en otros países, qué pasaría?. Que en primer lugar alguien se llevaría los periódicos, para qué; no se sabe, pero se los llevaría. Después de que el dispensador estuviera vacío, otro ‘rapiñaría’ el dinero de algún ‘desalmado’ que se atrevió a pagar por el diario en cuestión. Por último, el propio dispensador sería introducido en una furgoneta para llevarlo a una chatarrería y sacar por él unos duros, perdón, euros.

Esto trasladado al campo de la política, digo la ley, no el dispensador (aunque también hay similitudes), me ofrece pocas conclusiones positivas. No obstante, hay un aspecto de la normativa que sí creo que podrá aplicarse: lo de los sueldos de los políticos. ¿Cómo es posible que un pueblo con 600 habitantes tenga un alcalde que quiere ganar 56.000 euros?. Esto es de juzgado de guardia.

¿Por qué entonces no se podrá hacer efectiva la ley? Considero que en el momento en que le toque (del verbo tocar) a algún responsable político del partido que gobierne (da igual ahora que en otro momento), enseguida se demorará su aplicación buscando no sé qué triquiñuelas legales. Conclusión. Para que fuera efectiva una ley de estas características (insisto, muy necesaria), primero tendríamos que hacernos un lavado neuronal completo como país y, a continuación, esperar que las nuevas generaciones tengan su mente más europeízada.